El organismo de control de derechos humanos del Consejo de Europa condenó este martes el plan del primer ministro británico, Rishi Sunak, para deportar a Ruanda a migrantes de cualquier parte del mundo que lleguen a las islas, aprobado la víspera por el parlamento de la nación europea.

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De acuerdo al Consejo de Europa, la legislación británica plantea «cuestiones importantes sobre los derechos humanos de los solicitantes de asilo y el estado de derecho».

De hecho, el comisionado de derechos humanos del organismo, Michael O’Flaherty, dijo que la ley, aun a la espera de la firma protocolar del rey Carlos III, era una preocupación grave y no debería usarse para expulsar a los solicitantes de asilo o infringir las decisiones de los jueces.

«Me preocupa que el proyecto de ley de Ruanda permita la implementación de una política de expulsión de personas a Ruanda sin ninguna evaluación previa de sus solicitudes de asilo por parte de las autoridades del Reino Unido en la mayoría de los casos», dijo O’Flaherty, añadiendo que la ley «excluye significativamente la capacidad de los tribunales del Reino Unido para examinar de forma plena e independiente las cuestiones que se les presentan”.

Reino Unido, aunque ya no es parte de la Unión Europea, sigue siendo miembro del organismo paneuropeo que promueve los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en todo el continente.

O’Flaherty advirtió que al Reino Unido se le prohíbe someter, incluso indirectamente, a personas a la “devolución” (el acto de obligar a un refugiado o solicitante de asilo a ir a un país o territorio donde es probable que enfrente persecución), incluso en virtud del artículo 3 de la la convención europea sobre derechos humanos, la convención sobre refugiados y “una serie de otros instrumentos internacionales”.

Sunak ha dicho que los vuelos comenzarán a llevar a los solicitantes de asilo a Kigali, la capital ruandesa dentro de 10 a 12 semanas, admitiendo que no alcanzaría su objetivo de que los vuelos despeguen en la primavera. Hablando después de la aprobación del proyecto de ley, el primer ministro prometió que sería un “cambio fundamental en la ecuación global sobre migración”.

Organizaciones de grupos de derechos humanos han condenado la aprobación del proyecto de ley como una «mancha en la reputación moral de este país».

El primer ministro dijo que la ley era “no sólo un paso adelante sino un cambio fundamental en la ecuación global sobre migración” y defendió que lo presentaba para «disuadir a los inmigrantes vulnerables de realizar cruces peligrosos y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan».

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